6. Debate y conclusiones

El análisis y resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación. 

El Experto quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP.  Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

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El Experto nota que el Demandado ha presentado comunicaciones adicionales o suplementarias al Escrito de Contestación. 

El Experto considera que no procede la admisión de tales comunicaciones adicionales, presentadas fuera del plazo indicado para la Contestación a la Demanda, y considera que no es necesario tomarlas en consideración en la resolución del del presente caso.  Sin perjuicio de lo anterior, el Experto nota que, de haber sido aceptadas, en nada afectarían al resultado de la presente decisión.

El Experto considera que las circunstancias del caso apuntan a la consideración de que existe un derecho o interés legítimo en el Demandado en virtud del Reglamento, basado en su libertad de expresión no comercial, en el sentido enunciado en la sección 2.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, que precisa que el demandado puede tener interés legítimo a usar una marca registrada como parte de un nombre de dominio de un sitio de crítica, si dicho uso es prima facie no comercial, genuinamente justo y no engañoso o falso. 

A este respecto, es conveniente precisar que el alcance del Reglamento, al igual que el alcance de la Política UDRP se limita a las prácticas de ciberocupación, de modo que el análisis de la veracidad de las afirmaciones publicadas en un sitio web excede de su ámbito.

Los precedentes emitidos en virtud del Reglamento y de la Política UDRP se limitan a determinar si un nombre de dominio en disputa (y el sitio web al que se dirige) se usa prima facie genuinamente con fines de libertad de expresión, como comentarios y críticas, en lugar de servir como pretexto para obtener una ventaja comercial atribuible a un demandado, a expensas de un demandante (véase en este sentido, entre otros, MUFG Union Bank, NA v. William Bookout, WIPO Case No. D2014-1821, así como Empresas Carozzi S.A. v. Perfect Privacy, LLC / Carolina Macedo, WIPO Case No. D2017-1549).

El ámbito limitado del procedimiento trazado por el Reglamento, no tiene por objeto ni permite analizar y enjuiciar la veracidad de las afirmaciones vertidas en una página de crítica, sino que, debido a su reducido ámbito, basa su estándar de prueba en un “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, y, en el caso concreto que nos ocupa, en la apariencia prima facie como nombre de dominio destinado a ejercer un derecho de crítica aparentemente genuino y como genuina página web de crítica. 

A diferencia de lo que ocurre en otros foros, donde si es posible e incluso necesario entrar a valorar y enjuiciar la veracidad o no del contenido y las afirmaciones vertidas en una página web de crítica.  Véase en este sentido la sección 4.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto considera que existen circunstancias que aparentemente prima facie permiten considerar que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo a los efectos del Reglamento sobre el nombre de dominio en disputa (a la vista de su composición) y el sitio web de crítica aparentemente genuino, no comercial.

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El Experto nota, en este sentido, que el nombre de dominio en disputa no es idéntico a la marca AVATRADE, sino que incluye, además, un término peyorativo, el término “afectados” (separado por un guion), que permite informar a los usuarios de Internet del probable carácter crítico del sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa. 

El Experto nota también que la página web alojada en el nombre de dominio en disputa no incluye publicidad de terceros, ni realiza ningún ofrecimiento de productos o servicios.  De modo que, aparentemente, no parecería que esta página sea utilizada como pretexto para reportar beneficio o lucro económico alguno a su titular, sino que, aparentemente, al menos prima facie, parecería una genuina página de crítica que es acorde con la composición del nombre de dominio en disputa.

El Experto nota igualmente que el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa, no guarda similitud con la página web de la Demandante (“www.avatrade.com”), teniendo diseño, composición y colores diferentes, y, además, muestra, de forma destacada, su identificación como plataforma de afectados por los servicios de la Demandante.

Incluyendo información de contacto y nombre completo del Demandado, así como avisos sobre su carácter crítico, en ejercicio del derecho de libertad de expresión, diverso material y contenidos que permitirían prima facie, en un balance de probabilidades, considerar que se trata de un sitio de crítica genuino a los efectos del Reglamento.

El Experto nota también que las Partes no son empresas competidoras, sino que el Demandado es una persona que, con arreglo a las evidencias aportadas, no ejerce ninguna actividad económica, sino que se trata de un funcionario docente español jubilado.

La existencia de una relación previa entre las Partes, al haber sido el Demandado cliente de la Demandante y/o su grupo empresarial, sería una circunstancia más que, en un balance de probabilidades, apoya la consideración de que el Demandado ostenta un derecho legítimo de crítica bajo el Reglamento, pues dicha crítica surgiría del descontento por los servicios prestados. 

Por otro lado, el Experto nota que el Demandado habría ofrecido la venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante, en una comunicación entre las Partes en la que el Demandado reclama dinero a la Demandante como consecuencia de su relación previa. 

El Experto considera que dicha oferta de venta debe considerarse en el marco de la relación que ha existido entre las Partes y la insatisfacción del Demandado que buscaría recuperar parte del dinero invertido a través de la Demandante. 

Sin embargo, no es posible concluir por si solo de este hecho que el nombre de dominio en disputa se hubiera registrado con la finalidad de venderlo y que la página web sea un mero pretexto. 

El Experto considera que, si bien de manera aislada, una oferta de venta de un nombre de dominio aparentemente crítico podría plantear ciertas dudas sobre los motivos por los que realmente se habría registrado, cuando este hecho es considerado junto con las restantes circunstancias de este caso, en opinión del Experto, no es capaz de eliminar la aparente finalidad de crítica genuina del Demandado a través del nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento. 

Las alegaciones del Demandado sobre la relación del nombre de dominio en disputa y de la página web ligada al mismo con una plataforma genuina de crítica para los afectados por los servicios de la Demandante y su grupo empresarial, podrían considerarse coherentes con el contenido de este sitio web y con la coordinación y actuación conjunta, a través del mismo, de sus miembros o afectados, en defensa de sus intereses ante la jurisdicción española y otras instancias.  

El Experto nota, en este sentido, que la querella interpuesta contra la Demandante y su grupo empresarial ha sido suscrita no solo por el Demandado, sino por 23 personas más.  

Todas estas circunstancias llevan al Experto, a concluir que, con arreglo al ámbito limitado del Reglamento, en el balance de las probabilidades el Demandado ostenta prima facie un derecho o interés legítimo que justificaría el registro y uso del nombre de dominio en disputa, genuinamente con fines de libertad de expresión.

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La Demandante alega la falta de veracidad del contenido vertido en la página web alojada en el nombre de dominio en disputa y el daño que la misma está causando a su reputación y actividad comercial. 

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Sin embargo, como se ha precisado, este foro no es el adecuado para analizar en profundidad la veracidad o no de tal contenido, sino solo la apariencia prima facie de si el nombre de dominio en disputa (y el sitio web al que se dirige) responde o no a un aparente legítimo derecho de crítica no comercial, con fines de libertad de expresión.

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Sin perjuicio de todo ello, el Experto nota la complejidad de las circunstancias del caso, dada la existencia de una pasada relación contractual entre las partes, que implica la existencia de acuerdos, términos y condiciones, cuyo análisis no compete al Experto bajo el Reglamento.

Y, sobre todo, dada la existencia de dos procedimientos criminales planteados ante la jurisdicción española por las Partes en relación a los hechos, siendo este un foro competente para analizar en profundidad (y no solo mediante un análisis prima facie, bajo el balance de las probabilidades), algunos de los aspectos de la disputa que nos ocupa

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En este sentido, el Experto considera que existen aspectos del presente procedimiento que exceden del ámbito natural del Reglamento circunscrito a los supuestos de ciberocupación, entendiendo que es más adecuado su análisis y enjuiciamiento por la jurisdicción competente. 

Véase en este sentido la sección 4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3

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